Durante dos días, el Colegio de la Abogacía de Madrid, a través de la sección de Derecho Agroalimentario que preside el abogado del Estado en excedencia y socio director del despacho Accountax, Manuel Lamela, será sede del II Congreso Jurídico del Sector Agroalimentario. Del 23 al 24 de mayo, el ICAM será punto de encuentro y debate de un sector de plena actualidad por las reivindicaciones de este colectivo y las próximas elecciones europeas del 9 de junio, donde será clave conocer las estrategias de la formación política que gane esos comicios.
Para Lamela, “los objetivos de este evento se centran en analizar la realidad normativa del sector agroalimentario, que como todos sabemos no atraviesa su mejor momento, no solo a nivel nacional sino europeo. Se trata de debatir sobre los cambios normativos que requiere este sector para adaptarse a la realidad de esta actividad económica”.
Este II Congreso llega en un momento clave para el futuro del sector agroalimentario en nuestro país, donde las protestas han sido generalizadas en los últimos meses por parte de los propios agricultores y hombres del campo. “Somos conscientes de que están pendientes de abordar por la Administración los grandes debates jurídicos de este sector a nivel de modernización de su marco normativo, en el que este Congreso y sus debates pueden aportar mucho”, comenta.
De esta manera, nos aclara que hay un primer bloque legislativo en el que participan ponentes como Juan Ignacio Zoido, magistrado, eurodiputado y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. “Con posterioridad, habrá una mesa de debate para analizar el marco regulatorio del sector con intervenciones de Miguel Ángel López, abogado; Esther Muñiz, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid y presidenta del Comité Europeo de Derecho Rural; y Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario”.
En este bloque legislativo, Lamela nos recuerda que “habrá otro debate sobre la fiscalidad del sector, cuestionada en estos momentos por las propias particularidades de este negocio, normalmente al aire libre y sometido a diferentes condicionantes y riesgos que no tienen otros negocios. Ahí intervendrán José Ramón Domínguez, inspector de Hacienda en excedencia, miembro del Comité Asesor de la Sección de Derecho Tributario del ICAM; y Juan José Álvarez, secretario de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)”.
Para este jurista, “es necesaria una reflexión profunda que mejore su marco fiscal actual y buscar la manera en que la fiscalidad se adapte a este tipo de actividades. Igual sucede con la normativa laboral que también trataremos en otra mesa con la presencia de Ana Matorras, profesora ordinaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Pontificia Comillas. Desde esta perspectiva, las reiteradas subidas del Salario Mínimo hacen difícil que se hagan más contrataciones en el campo. El contrato laboral en una explotación agraria debería ser diferente del de otros negocios. Analizaremos el impacto de las últimas reformas laborales y posibles mejoras a implementar”.
Europa y el sector agroalimentario
Sobre las elecciones europeas que tendrán lugar en los 27 países de la UE, Manuel Lamela recuerda que “no parece que vaya a estar en un primer plano cuando la política comunitaria más importante es la agrícola. Es la que mayor parte del presupuesto comunitario se lleva, pero parece que a nadie le gusta hablar de esta actividad cuando los problemas están ahí. Esperemos que cuando se entre en campaña se hable de ello”.
Nuestro interlocutor nos explica que en este II Congreso se aborda “la relación de la explotación agraria con la sostenibilidad medioambiental. En ese panel escucharemos a María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA); José Luis Palma, abogado y letrado del Consejo de Estado; la Unión de Pequeños Agricultores (UPA); y a Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB. Es importante que las normas de explotación y de sostenibilidad estén alineadas”.
Desde su punto de vista, “por lo que estamos viendo, estas medidas de sostenibilidad están generando un sobrecoste en la producción de forma tremenda para el sector agroalimentario, lo que está generando la pérdida de competitividad de nuestras explotaciones respecto a otros países de la UE. Este es otro tema importante que también abordaremos”.
Otra de las cuestiones que se abordarán en este primer día de evento es el marco regulatorio actual y su entorno burocratizador. “Podría ser más ágil todo el trámite de la gestión de las ayudas agrarias y la aplicación en las explotaciones e industrias de la normativa comunitaria y de la española que desarrolla aquella. Es enorme, farragosa y compleja. Eso genera que los agricultores necesiten apoyarse en asesores jurídicos expertos en la materia”.
En su opinión, “hay que ir a la simplificación administrativa como un objetivo a conseguir. Hay mucha burocracia y no es fácil gestionar todo este tipo de trámites a la hora de poner en marcha un negocio. Hay que cumplir muchas normas y entregar la documentación en distintos registros, lo que demora la puesta en marcha de estos negocios. Hay ahora nuevos requisitos medioambientales que hay que cumplir en función del producto que se coseche”.
Para abordar esta problemática han sido invitados expertos como Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y Rocío Perteguer, vocal de Medio Ambiente del Colegio Nacional de Registradores, coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de cara a analizar la situación en cuestión y buscar nuevas alternativas a esa necesaria desburocratización de los seguros agrarios.
La importancia de los seguros agrarios
En este contexto de incertidumbre, es evidente que ha cobrado cada vez más importancia la necesidad de que los profesionales del sector agroalimentario cubran sus negocios con diferentes seguros agrarios. “Este es uno de los temas de la segunda jornada de este II Congreso. No podemos olvidar que estamos ante negocios al aire libre y que deben estar asegurados si queremos tener cierta tranquilidad respecto a contingencias que puedan suceder. A este respecto, cabe recordar que la vigente Ley de Seguros Agrarios fue la primera que se aprobó en nuestra democracia”.
Para Lamela, “dicha normativa requiere de una actualización porque desde su aprobación tras la propia Carta Magna no se ha tocado su contenido a lo largo de estos años. Es cierto que se han puesto en marcha nuevas líneas de aseguramiento y esfuerzos para intentar llegar a todos los tipos de cultivo y de explotación, pero creo que es el momento de modernizar el sistema de seguros agrarios y de dar un repaso a la citada normativa aún en vigor en las mismas condiciones en las que se aprobó”.
“Al final, de lo que se trata es que esta ley de seguros y sus propios productos financieros estén más acordes con las explotaciones agrarias. Lo que pretendemos en este II Congreso es abrir un debate y que pueda generar en el futuro una reforma de la normativa actual y del propio sistema asegurador actual que debe hacer un esfuerzo por su modernización. En el debate participarán Ernesto Abati, presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sergio de Andrés, director general de Agroseguro”.
En esta segunda jornada también se va a abordar “la problemática de la legislación en materia de aguas. Hay un gran debate nacional que debe hacerse porque ahora está generando conflictos territoriales en nuestro país que no deberían generarse. Debería consensuarse un gran Pacto sobre el Agua, no solo a nivel de abastecimiento, sino también en cuestiones de riego bajo premisas de sostenibilidad. Es el momento de reformar la legislación de aguas que no está adaptada a la realidad ni al cambio climático en estos momentos”.
Para abordar esta cuestión está confirmada la presencia de José Sandoval, director general del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia; Francisco Javier Flores, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; y Mónica Sastre, abogada, doctora en Derecho de Aguas y miembro del cuerpo jurídico de Fenacore, que analizarán el marco existente y propondrán nuevos cambios a una normativa actual que debe actualizarse a los nuevos tiempos.
Aplicación de la Agenda 2030
En este Congreso se hablará de los objetivos de la Agenda 2030, que ha generado un debate importante con partidarios de sus objetivos y, al mismo tiempo, detractores de los mismos. “Los objetivos están ahí y parece lógico tender a ellos, pero la cuestión es cómo se consiguen esos objetivos y, en segundo lugar, en cuánto tiempo hay que conseguirlos”.
En su opinión, “si apretamos el acelerador, que es lo que se pretendía desde la UE y el Gobierno de España, e intentamos que esos objetivos se apliquen en un plazo corto, lo que estamos haciendo es presionar al sector productor porque no tendrá capacidad para adaptarse a corto plazo”.
Para Manuel Lamela, “lo que se debe hacer es evitar esos corsés e impedimentos que se van a crear fruto de dicha implementación y que van a encarecer las producciones y, por lo tanto, los alimentos se van a vender mucho más caros. Si se quiere luchar contra el incremento de los precios de la cesta de la compra, vamos en dirección contraria. Lo que habría que hacer es levantar el pie del acelerador en estos temas medioambientales, hacer un calendario más grande y no estar obsesionado con la fecha. Hay que ser más realista e intentar por ello mantener la competitividad del sector”.
Desde su punto de vista, “es importante abordar esta cuestión porque lo que estamos generando ahora es que países terceros coloquen sus productos a bajo coste y a bajo precio en nuestros mercados y con una calidad inferior. Sobre esta cuestión debatirán María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA); José Luis Palma, abogado y letrado del Consejo de Estado; la Unión de Pequeños Agricultores (UPA); y Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB”.
Manuel Lamela es consciente de la importancia de las próximas elecciones europeas del 9 de junio. “Creo que la nueva Comisión Europea debería revisar los calendarios de la política agraria comunitaria hacia objetivos más realistas en un contexto mundial cada vez más complicado. Las guerras que hay en Europa están condicionando la producción y comercialización de algunos productos. El contexto ha cambiado”, destaca.
“Esperemos que el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión que salga de éste tengan la sensibilidad y el coraje para abordar este tema. Hay que hacer una reflexión crítica y tomar decisiones”, concluye este abogado experto en derecho agroalimentario y director de este II Congreso Jurídico del sector Agroalimentario.
